Política

Lo hizo al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación (y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que adopten medidas que garanticen que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a la indemnización, y en general a la reparación integral en un tiempo razonable. 

El Ministerio Público recomendó a las tres entidades incluir en el Documento CONPES, que está en proceso de elaboración, las disposiciones necesarias para llevar a cabo la reparación económica de las víctimas, teniendo en cuenta que el año pasado la UARIV presentó una estimación de 49.5 billones para pagar indemnizaciones. Asignación presupuestal que no es la prevista para los próximos 10 años. 

Y advirtió a las entidades competentes que deben mantener actualizados los recursos, luego de identificar, que entre junio de 2011 y julio de 2020, solo el 10,5 % del total de las víctimas recibieron el pago de indemnización, lo que equivale a 6.3 billones.   

El órgano de control señaló que, de continuar con la dinámica de pagos efectuados en 2020, se requerirán 62 años para indemnizar a las 9.090.995 víctimas.

Esto también es motivo de preocupación, porque en la propuesta de Documento CONPES publicada por el Gobierno Nacional, no se incluyen cambios para acelerar el pago de esta medida de reparación. 

La Procuraduría reconoció el esfuerzo presupuestal del Gobierno y recomendó a la Unidad para las Víctimas, efectuar las modificaciones necesarias para identificar el número de personas que cuentan con este derecho, y desarrolle acciones que disminuyan los tiempos y trámites.