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Miércoles, Octubre 31, 2018 - 15:52

Desde la Cárcel La Picota, en el pabellón de Máxima Seguridad, el grupo denominado ‘Los Extraditables’, envían un comunicado a la Corte Suprema de Justicia, este miércoles 31 de octubre, haciendo tres peticiones claves para definir su situación.

En el documento señalan:

Los colombianos y colombianas denominados “Extraditables”, presos en el Patio de Alta Seguridad en la Cárcel La Picota y en la cárcel El Buen Pastor, como actores y financiadores del conflicto, presentamos al país y al mundo nuestras propuestas para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Proponemos una revisión a profundidad del proceso administrativo de la extradición, desde lo político, lo jurídico y lo social. Colombia debe recuperar la soberanía judicial sobre los acusados por el delito de narcotráfico.

Como actores del conflicto armado y gestores de paz, anunciamos a la opinión pública que vamos a presentar acciones jurídicas en busca de garantías procesales que contribuyan a la construcción de la paz, la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.

Algunos aspectos relacionados con el trámite de la extradición deben ser revisados. La Corte Suprema de Justicia no puede seguir haciendo el simple papel de notario en el proceso. Cada concepto favorable para la extradición es una condena, sin juicio, sin pruebas y sin garantías para la defensa. Por eso, proponemos los siguiente:

1-            Amnistía para la extradición: proponemos una amnistía para que quienes han cometidos delitos relacionados con el narcotráfico puedan enfrentar sus procesos ante la justicia ordinaria, con juicios que garanticen los derechos de los procesados. Creemos que esta amnistía puede ser atractiva para que quienes actualmente huyen de la justicia, se sometan y cooperen con la desarticulación de sus estructuras de narcotráfico.

2-            Segunda instancia para procesos de extradición: Proponemos crear la segunda instancia en los procesos de extradición como una herramienta para garantizar el derecho de todos los extraditables a un proceso justo. No puede la extradición seguir dependiendo únicamente del concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia que la concede sin hacer la más mínima evaluación de pruebas.

3-            Inclusión en la JEP: La declaratoria del narcotráfico como delito conexo de la rebelión es el reconocimiento de un hecho que no se puede negar, el narcotráfico fue uno de los principales financiadores de la guerra en Colombia. Por lo tanto, solicitamos a la Justicia Especial para la Paz (JEP) incluir a todos los colombianos solicitados en extradición por haber actuado como terceros financiadores de la guerra. Queremos contar la verdad de la guerra en Colombia para que como sociedad podamos construir una paz estable y duradera.

Con estas acciones jurídicas no pretendemos burlar la acción de la justicia colombiana ni norteamericana frente al delito del narcotráfico. Queremos que se revisen y perfeccionen los procedimientos, trámites y requisitos para que se garantice a los extraditables juicios justos, imparciales, con pruebas verdaderas y no con montajes y mentiras. En muchos casos la extradición la han convertido en un mecanismo de chantaje y venganza.

La extradición se convirtió en un registro de estadísticas para engañar a los gobiernos. Los grandes capos del narcotráfico ya no están en Colombia. El control del negocio migró a los carteles mexicanos, europeos y norteamericanos. En Colombia solo quedan obreros que reciben migajas de un negocio que otrora fuera de los grandes capos colombianos.

En las cárceles colombianas y norteamericanas están colombianos del común, que su único delito fue estar en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. Son hombres y mujeres humildes, pobres, con trabajos tan simples como bicitaxistas, taxistas, lancheros, mensajeros y mulas, entre otros. Muchas de estas personas son presentados ante el mundo como los grandes “capos” del narcotráfico.

En Colombia faltan programas de sustitución de cultivos como una verdadera política de Estado, donde el desarrollo agrícola sea prioridad y los campesinos gocen de subsidios y créditos de bajo costo y fácil acceso. La fumigación con glifosato acaba con los cultivos legales, crea daños irreversibles en los ecosistemas y afecta sólo a los agricultores. Las propuestas fallidas del gobierno han sumido más en la pobreza a los campesinos.

En manos de los extraditables, como actores del conflicto y gestores de paz, está parte de la solución a las problemáticas sociales que afrontan las comunidades en los territorios afectados por el gobierno central.

Ahora, queda esperar si la Corte Suprema de Justicia les dará una respuesta.

 

Así desde la cárcel La Picota se produjo el siguiente comunicado

AUDIO:WhatsApp Audio 2018-10-31 at 15.01.58_58.mp3

 

 

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