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Lunes, Julio 15, 2019 - 18:08

Estamos frente a un cadáver viviente, a un cuerpo que fue desmembrado, al que le espera un funeral de tercera. Nuestro Código de Policía y Convivencia queda reducido a un simple documento inoperante por la irresponsabilidad de quienes lo hicieron sin el mínimo tacto jurídico y de un Congreso de la República que aprobó la ley a pupitrazo, entregándoles a los colombianos un adefesio.

Cómo poder entender ahora que todos esos juristas y otros expertos no se hayan percatado de esa mano de ‘micos’ que condensaba el Código y de que la Corte Constitucional comenzaría a tumbar los artículos, uno a uno como castillo de naipes, cuando en su fundamento y concepción se limitaban derechos y libertades ciudadanas consagradas en la Constitución.

En su momento el coordinador de ponentes en el Senado, Germán Varón, expresó que el Código de Policía se encontraba blindado frente a cualquier demanda ante la Corte Constitucional y “que tomaron todas las precauciones necesarias, incluso considerar la jurisprudencia constitucional”. Tenaz que nos hayan mentido de la manera más vil, cuando frente a los ojos de todos los colombianos este documento se ha ido descuadernando con 22 artículos tumbados, 100 que están en estudio y van por las mismas, y en total 151 demandas.

Por ejemplo, se ha desconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la vulneración del derecho al trabajo de los vendedores informales, con arbitrariedades que se cometen al despojarlos de sus mercancías o aplicarles medidas coercitivas que han llegado hasta la agresión física.

Entre las más de 200 mil multas están las de sancionar a grupos de estudiantes por tomarse una cerveza en el espacio público o el caso de la alumna de Diseño por llevar entre sus útiles un bisturí señalándole que es una peligrosa arma cortopunzante, o al joven que le impusieron el comparendo por comprar una empanada en la vía pública.

Si bien expresamos malestar por esa torpeza con la que se construyó el documento, la mayoría de colombianos estamos convencidos de la necesidad de una herramienta para que se establezcan las reglas del juego en la convivencia, bajo principios fundamentales, como el que los intereses generales están por encima de los particulares y que mi derecho termina en donde comienza el de los demás.

Pero si bien nadie quiere que un vecino se propase y no deje dormir a los demás del barrio porque durante toda la noche y madrugada tiene el equipo de sonido a todo volumen, es inadmisible que la Policía irrumpa sin orden judicial en una vivienda para parar la fiesta, porque se violan derechos como el de la intimidad y se agrede de la peor forma a la gente.

Es necesario revaluar este Código que queda sin piso y comenzar a pensar en uno nuevo, pese al hecho del costo presupuestal y el tiempo que implicó, en detrimento del Estado, y ahora mucho más el gasto por el proceso de capacitación a los mismos policías y a las comunidades de todo el país. Definitivamente, tenemos plata para echarla a la caneca de la basura.

Pero más allá de tener un Código de Policía y Convivencia los ciudadanos debemos hacer los máximos esfuerzos desde todas las instituciones, incluida la familia, para mejorar nuestro comportamiento y fundamentar en cada espacio y cada rol los valores y el respeto por uno mismo y los demás, porque no se puede esperar a que tengamos un policía junto a nosotros para actuar bien y ser tolerantes.

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