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Lunes, Noviembre 4, 2019 - 15:18

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), una red conformada por 281 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, rechazó el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia.

“La CCEUU rechaza las masacres y asesinatos que se vienen presentando con total impunidad en el departamento del Cauca en contra de las comunidades indígenas, sus autoridades, guardias indígenas y otros sectores sociales”, expresó este domingo la Coordinación en un comunicado.

La violencia que vive esta zona del país deja, solo en la última semana, al menos 15 personas asesinadas, en su mayoría miembros de la Guardia y comunidades indígenas.

Para la CCEEU, “es motivo de preocupación” el accionar de la fuerza pública y la “falta de garantías estatales” que garanticen una política de seguridad para detener este “repudiable exterminio y garantizar la vida e integridad” de quienes se encuentran en contextos de conflicto y graves crisis humanitarias debido al accionar violento por parte de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

La red de organizaciones defensoras de derechos humanos asegura que estas circunstancias de violencia se han venido agravando debido a la “notoria negativa” del gobierno del presidente Iván Duque a implementar los compromisos del Acuerdo de Paz firmado con las desmovilizadas Farc, y especialmente por su rechazo a cumplir con las medidas en materia de garantías de seguridad, especialmente las relacionadas con el desmonte del paramilitarismo”.

La CCEEU subraya que dichas medidas “debían haber sido acordadas e implementadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que el presidente se ha negado a convocar, a presidir y garantizar una pronta puesta en práctica de sus funciones”.

Además, detalla que el departamento del Cauca es la región donde la grave crisis humanitaria que se vive en amplias regiones del país se expresa de manera más aguda, donde se presenta el mayor número de asesinatos de indígenas a nivel nacional, de líderes sociales y de excombatientes en reincorporación, añade.

“En medio de uno de los departamentos más militarizados, no sólo grupos de narcotraficantes, paramilitares y de las llamadas disidencias hacen presencia y expanden sus negocios ilegales con plena libertad ante los ojos de las Fuerzas Militares, sino que, en algunos casos se ha constatado la participación directa de miembros de la fuerza pública en la persecución de líderes y lideresas sociales”, asegura.

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos también rechaza que la única medida propuesta por el gobierno sea el envío de 2.500 nuevos efectivos militares al norte del Cauca, que se suman a los 8.000 que hacen presencia en este territorio, “cuando lo que urge es la depuración de la Fuerza Pública, investigar, sancionar y juzgar a los responsables de estos graves crímenes, adoptar medidas de garantías integrales para las comunidades, implementar los planes para el desmantelamiento de grupos ilegales que diseñe la CNGS y fortalecer la capacidad y recursos de los mecanismos de autoprotección de las comunidades” como la Guardia Indígena, Campesina y Cimarrona.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos y verificación de los acuerdos, a “exigir del Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantías en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, así como a retomar “con sinceridad, prontitud y eficacia el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo Final de Paz”.

Por su parte, en la noche del domingo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó los “hechos violentos ocurridos en los últimos dos días en norte del Cauca”, que se cobraron la vida de cuatro personas.

Los últimos hechos violentos ocurrieron en la noche del domingo, sobre las 9:30 p.m. (hora local): el asesinato en la vereda Loma Linda (Toribio) del comunero Jesús Eduardo Mestizo, coordinador de la Guardia Indígena del resguardo de Tacueyó, así como un doble atentado en un cabildo en Corinto, contra miembros de la guardia Kiwest Thegnas. Dos personas resultaron heridas.

Ante esto, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó los “hechos violentos ocurridos en los últimos dos días en el norte del Cauca”, que se cobraron la vida de cuatro personas.

 

Agencia Anadolu

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