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Jueves, Noviembre 14, 2019 - 11:16

Grupos de derechos humanos pedirán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que llame a declarar a excomandantes de la Policía y del Ejército por su responsabilidad en la masacre de casi un centenar de personas cometida en 2002 en Bojayá (Chocó), dijo este miércoles a Sputnik la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda.

"La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, la Diócesis de Quibdó y la Corporación Jurídica Libertad, así como organizaciones que integran los consejos comunitarios de Bojayá, pediremos a la JEP que se llame a los máximos comandantes de la policía y de ejército que no han sido investigados por la masacre", dijo Arboleda.

La masacre de Bojayá, una de las peores que dejó el conflicto armado en Colombia, fue perpetrada el 2 de mayo de 2002 en medio de un combate entre las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, guerrilla).

La refriega entre ambos bandos duró varios días y en medio de ella quedó indemne la población de Bellavista, un pequeño caserío del municipio de Bojayá, por lo que alrededor de 400 personas se refugiaron en la iglesia del pueblo, que consideraron el único sitio seguro.

Sin embargo, un cilindro de gas, usado por la guerrilla como explosivo, rompió el techo de la iglesia y detonó en el altar, matando al menos al 79 personas, aunque los moradores señalan que fueron 100 los fallecidos y decenas los heridos en la que hoy es conocida como la masacre de Bojayá.

"Hasta la fecha no hay condenas y los casos en términos de justicia siguen en la impunidad, pero prevemos incluir a la Fuerza Pública en el caso debido a testimonios que aseguran que fueron ellos quienes ayudaron a escapar a los paramilitares de las AUC por el río Atrato, pese a que éste estaba militarizado después de ocurrida la masacre", explicó la abogada.

La presentación del caso ante la JEP está prevista para los primeros meses de 2020, luego de que las organizaciones decidieron postergarla a raíz de la ceremonia de luto que se celebra esta semana y hasta el próximo 26 de noviembre en Bojayá.

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas recibieron el lunes 72 restos óseos identificados de manera plena por el estatal Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los restos permanecieron 17 años sin identificar, por lo que ahora serán sepultados por sus familias en un entierro colectivo el día 18 de noviembre.

El caso que se presentará ante la JEP abarcará el periodo comprendido entre abril de 2002 y junio de ese mismo año, tiempo durante el cual se metió la masacre, que a su vez tuvo sus antecedentes en hechos ocurridos el 1 de mayo y que se extendieron hasta el 5 de ese mes, cuando también fueron asesinadas siete personas en Napipí y cinco más en Vigía del Fuerte, poblaciones vecinas a Bojayá.

Luego de la masacre, la justicia colombiana abrió un proceso contra el Secretariado de las FARC, que abarcó a los entonces comandantes de los frentes 9, 34, 48 y 57 de esa guerrilla.

Asimismo, se abrió un proceso contra algunos integrantes del bloque paramilitar Elmer Cardenas de las AUC, pero la justicia se abstuvo de iniciar investigación a algún miembro de la Fuerza Pública.

Sin embargo, a finales de mayo de 2002 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos catalogó el hecho como un crimen de guerra, por lo que comprometió la responsabilidad de las FARC, las AUC y de la Fuerza Pública.

En mayo el Tribunal Administrativo del departamento del Chocó (noroeste) dejó en firme una condena al Estado instaurada en 2002 por los desplazamientos en Bojayá ese año y en 2003 tras la masacre, por lo que deberá reparar a las víctimas con 312.000 millones de pesos (91,4 millones de dólares).

"Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos (AUC y FARC) en esa región y la materialización de los actos violentos", señaló la sentencia, que dio cuenta de que antes del crimen tanto la Defensoría del Pueblo (ombudsman) como la Diócesis de Quibdó advirtieron del riesgo para las poblaciones de Bojayá debido a la llegada numerosa de paramilitares y guerrilleros a la región.

"Al igual que las FARC, el Estado también está obligado a pedir perdón, y además reparar a las víctimas, ya que la masacre se dio en un contexto en el que se negaron los derechos de la población", anotó Arboleda.

Asimismo, señaló que pese a que los integrantes de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) ya asumieron su responsabilidad ante las víctimas de Bojayá, aún hace falta que la asuman también ante la JEP y acaten el proceso que les corresponda.

 

Agencia Sputnik

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