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Viernes, Noviembre 16, 2018 - 14:34

La Fiscalía General de la Nación decidió imponerle a Paola medida de aseguramiento con reclusión en la cárcel del Buen Pastor, al tiempo que consideró que su padre, Carlos Alberto Solarte, debería firmar un acta de compromiso en la cual se comprometiera a cumplir con buena conducta y a acudir a los llamados que le hicieran las autoridades. Decisión en la que se tuvo en cuenta su estado de salud y su condición de persona mayor de 75 años. Pero en el caso de Paola la sorpresa fue generalizada en la opinión por lo que parecía que existiera cierto grado de ensañamiento de la Fiscalía ya que la hija del contratista es madre cabeza de familia y bien hubiera podido ser objeto de un tratamiento en el que se le otorgara casa por cárcel toda vez que no reviste ningún peligro para la sociedad.

La inmediata pregunta que surgía al conocerse esta noticia fue cómo surgió esta imputación de cargos contra la hija del contratista Solarte, una joven madre de familia con dos hijos menores y cabeza de familia con la que no se tuvo ninguna consideración humana, ni para con ella ni con sus hijos pequeños. La respuesta a este interrogante se remonta, según su familiares a una retaliación de algunos poderosos ante la “osadía” de Solarte, al haberse decidido a formular denuncia una penal ante la Fiscalía contra los árbitros María Luisa Mesa Zuleta, Fernando Montoya Mateus y Julio Roberto Nieto. El antecedente de esta decisión de Solarte radicaba en que en el proceso arbitral de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca (UTDVVCC), se consideró que existía una conducta punible por parte de Carlos Alberto Solarte.

Y justo dos meses después de la denuncia apareció la noticia en la cual la Fiscalía le imputaba cargos a Carlos Alberto Solarte por supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de la intersección de Tunjuelo CANOAS, que en un 60% correspondía a Odebrecht y el 40% restante pertenecía a CASS Constructores. En este caso se observa el primer elemento que siembra dudas y demuestran por qué las imputaciones de la Fiscalía, del 18 de mayo de 2018, se tornan extrañas. La lógica indicaría que se le hubieran imputado cargos a la empresa Odebrecht, que tiene participación mayoritaria, o a su representante legal.

El caso es que a pesar de las peticiones de Paola Solarte y su defensa, aludiendo a una solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos humanos, fundamentada en la vulneración de derechos de los menores, no se le ha concedido una detención diferente a la carcelaria.  En este caso allegados a la familia dice que la estrategia del Fiscal Jaime Zettien, encargado del caso, es presionar a Paola por un preacuerdo para evitar las consecuencias en caso de que sea vencido en un eventual juicio si no logra demostrar la comisión de los delitos. Por otra parte, se colgaría la medalla ante un reconocimiento de responsabilidad penal anticipada. Este caso se oscurece aún más si tiene en cuenta que el Fiscal Jaime Zettien, fue señalado  en el pasado de haber recibido dineros de Emilio Tapia, uno de los mayores protagonistas del carrusel de la contratación, quien extrañamente  es respaldado plenamente por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Más oscuro se vuele esta caos si se observa que el propio fiscal ha estado fuertemente relacionado con el caso Odebrecht, ya que como abogado del grupo Sarmiento asesoró en varias ocasiones a la concesionaria ruta del sol, lo cual no deja de generar dudas sobre por qué en el caso CANOAS no se ha realizado ninguna imputación en contra de Odebrecht, sino que al parecer se han utilizado como chivo expiatorio a los Solarte. Existen muchas variables que convierten en presa fácil a los Solarte en este caso: María Luisa Mesa, tiene vínculos políticos importantes y poderosos, y los intereses de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha tenido como su mano derecha al Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

Las consecuencias de esta extraña acusación que hasta el momento en la parte probatoria no ha mostrado fundamento alguno, pueden ser nefastas para la justicia.Pero pueden ser peores para las empresas de Carlos Alberto Solarte, que se conocían entre otras cosas por generar empleo de manera significativa en Colombia, con aproximadamente 4.000 empleos directos y 12.000 indirectos anualmente. Queda por ver si el poder que exhiben quienes también tienen intereses para que los Solarte pierdan su protagonismo en las construcciones viales por este caso, se salgan con la suya o si la justicia aparecerá por algún lado.

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