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Sábado, Julio 6, 2019 - 10:30

Un suboficial y 5 patrulleros de la Policía Nacional fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario como presuntos responsables secuestrar a 2 jíbaros en el centro de Medellín, capital de Antioquia, para exigir dinero a cambio de liberarlos y de no vincularlos a procesos penales por el delito tráfico de estupefacientes.

Se trata del intendente Ferley Antonio Grajales Quiroz y los patrulleros Sammy José Taboada Torres, Cristian Fernando Vergara, Jhon Fredy Peñaranda Mendoza, alias el Ladrón; Adinson Robledo Torres y Francisco Antonio Castañeda Mejía, a quienes el ente acusador les imputó los delitos secuestro extorsivo agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 30 junio de 2017 y el 15 de febrero del 2018, los uniformados habrían capturado en flagrancia a dos reconocidos coordinadores de plazas de vicio del centro de Medellín, en posesión de considerables dosis de narcóticos.

Según las declaraciones de testigos y de los propios delincuentes, los retenidos no eran dejados a disposición de los fiscales sino que eran conducidos hasta algunos puestos de Policía del sector, donde les exigían sumas que oscilaban entre los 3 y los 5 millones de pesos para dejarlos en libertad y no judicializarlos. En algunos casos se habrían quedado con parte de la droga incautada.

Otro de los casos investigados está relacionado con la retención ilegal de un mensajero que al parecer transportaba marihuana en una motocicleta. A la víctima le fueron retenidos sus documentos y la moto en la que se movilizaba, mientras conseguía la suma de $1’500.000 para devolverle sus propiedades.

Los investigadores del CTI establecieron que los policiales, adscritos a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) del barrio Boston, la Plaza Minorista y el Parque de Bolívar, habrían alterado los libros de población de la institución para tratar de evitar los seguimientos judiciales.

Este martes 2 de julio, después de una de las audiencias preliminares, cuatro de los seis uniformados fueron sorprendidos cuando trataban de ingresar celulares a la sala de paso de la sede Caribe de la Fiscalía de Medellín, lugar donde estaban detenidos preventivamente. Los teléfonos fueron confiscados y el  juez de garantías legalizó la incautación.

La medida de aseguramiento fue impuesta por el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, decisión que fue apelada por la defensa de los investigados.

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