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Jueves, Octubre 17, 2019 - 16:13

Tras un año y 7 meses de la muerte de la comerciante María Igua Tarapues, a manos de un agente de la Policía Nacional, registrado en el municipio de Ipiales, avanzan las investigaciones con el fin de que el caso no quede en la impunidad.

Familiares de la víctima indicaron que llegarán hasta las últimas instancias para que se haga justicia contra en implicado que había disparado a que ropa su arma de fuego quitándole la vida a Igua Tarapues.  

El apoderado de la víctima María Igua Tarapues, abogado Johnny Francisco Pavón Figueroa, explicó que los hechos se registraron el 16 de marzo de 2018, en donde avanza a paso lento en atención del procedimiento en el cual se ha valido el abogado defensor de los acusados.

Agrega que el implicado en este caso para la fecha que se registraron los hechos era el intendente jefe Luis Humberto Escobar Arcos, quien actualmente goza de su libertad.

“El proceso penal se encuentra suspendido por un tema de competencia, porque la Justicia Penal Militar en cabeza del juzgado 169 de Pasto reclama la competencia y el juzgado primero de Ipiales también reclama la competencia para conocer el juzgamiento del intendente jefe”, explicó el apoderado.

Agregó que se citó a una audiencia preliminar en donde se legalizó la captura de Escobar Arcos y cuando el fiscal procedía hacer la formulación de imputación y la segunda solicitud de medida de aseguramiento. El apoderado defensor hizo una impugnación de competencia siendo remitida por el juez penal municipal de Ipiales para la ciudad de Bogotá para que el Consejo Superior de la Judicatura resuelva el aparente conflicto de competencia.        

Pavón Figueroa, que lleva el caso, manifestó además que luego de un año 7 meses el Consejo Superior se tomara todo ese tiempo parta resolver el conflicto, lo cual fue enviado nuevamente al Juez Primero Penal de Ipiales para que se programe las audiencias para avanzar con la formulación e imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

“En esa audiencia del 4 de octubre de 2019 se presentó el juez penal militar reclamando la competencia, y se entraba este proceso y nuevamente es enviado el expediente a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para ser dirimido el conflicto de competencias, pero hasta tanto las víctimas reclaman justicia”.   

El abogado apoderado de las víctimas explicó que el fiscal consideró en la audiencia que no se trató de un homicidio simple como lo había dicho la fiscalía 25 seccional, que hoy está en manos de la fiscalía 26 que considera que es homicidio agravado dada la circunstancia de los hechos.

Resaltó que el implicado en el hecho pidió perdón a las familias de la víctima que lo hizo al finalizar de la audiencia, y les manifestó que su intención no era desconocer el hecho sino que se trata de que su proceso sea tratado de manera más considerada.

 

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