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Jueves, Febrero 21, 2019 - 19:04

El concejal Rolando González, en debate de control político, evidenciará que la labor de inspección y vigilancia ejercida por la Secretaría Distrital de Educación ha sido insuficiente para poder advertir, prevenir o sancionar sobre la presencia de un establecimiento educativo ilegal y de aquellos que no se están ajustando a la norma.

En Bogotá funcionan alrededor de 2.378 establecimientos privados que prestan el servicio de educación formal y no formal, (1.844 colegios y 532 Escuelas de Trabajo y Desarrollo Humano-ETDH), pero la Secretaría de Educación solo realiza visitas de control si se presentan peticiones, quejas y reclamos presentados por la comunidad.

De acuerdo a las cifras, en el 2018 a las direcciones locales de educación, se presentaron alrededor de 2.701 quejas y reclamos recibidos sobre los incumplimientos de instituciones no oficiales, las cuales fueron atendidas 2.580. Las 5 localidades con más quejas fueron: Suba con 431, Usme con 320, Kennedy con 312, Engativá con 218, San Cristóbal con 171 y Usaquén con 156 quejas.

Varias de estas quejas apuntan a colegios ilegales, o que operan sin licencia de funcionamiento. Y es que desde el año 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 en la Secretaria de Educación se realizaron 132 actuaciones administrativas contra instituciones educativas presuntamente ilegales.

De estos, 77 establecimientos educativos vienen prestando su servicio  sin licencia de funcionamiento de los cuales solamente 10 de estos establecimientos han sido cerrados, el restante se encuentra en etapa probatoria.

El problema radica, en que mientras la Secretaría de Educación investiga y decide sobre su situación irregular, procedimiento que puede tardar tres años, estos establecimientos que no se ajustan al cumplimiento de las normas, pueden seguir operando como si nada,

Esto ocurre a pesar de la existencia de un Decreto Nacional que señala, que cuando se compruebe que un establecimiento privado, funciona sin licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, la autoridad debe ordenar su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal requerimiento.

Del mismo modo, el Concejal identificó que hay 145 procesos en curso en contra de establecimientos que infligen los derechos de la comunidad educativa, tales como costos educativos, útiles escolares, violación del derecho a la educación (negar cupo, no expedir certificados, no permitir ingreso por mora en el pago), inobservancia de la ruta de protección y anti-bullying, incumplimientos al régimen laboral de los docentes y Contratar docentes sin requisitos de ley.

Igualmente hay 153 instituciones educativas con proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento en su infraestructura.

También se han identificado, 14 escuelas o instituciones que ofrecen grados de educación formal o educación para adultos o programas de ETDH y que no se encuentra autorizados para hacerlo.

 

Igualmente se han adelantado 44 actuaciones administrativas contra instituciones educativas que ofrecen grados de educación formal o educación para adultos o programas de ETDH en sedes no autorizadas.

 

Para el Concejal, por la dilación y el desgaste administrativo en estos procesos, estas instituciones se aprovechan de la norma, porque mientras culmina el procedimiento, siguen incurriendo en este tipo de conductas. Muchos de esto casos, terminan archivados, en una simple amonestación o en un plan de mejoramiento.

 

“Es lamentable que a los niños, niñas y adolescentes como a los adultos que pagan por recibir un servicio de calidad, se les vulnere el ejercicio de su derecho a una educación en condiciones adecuadas, tales como tener licencia para operar, una planta física adecuada y unas condiciones pedagógicas acordes a las necesidades de su aprendizaje”

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