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El proyecto estuvo impulsado por el concejal Diego Cancino, y contó con el respaldo de las bancadas con asiento en el cabildo y de la mano de numerosas organizaciones sociales como Viva la Ciudadanía.
El concejal Cancino señaló “Bogotá la paz es contigo. En un hecho histórico por primera vez esta ciudad, de manera colectiva y participativa va a intensificar la construcción de paz y reconciliación para transformar los conflictos de manera no violenta”.
Y agregó: “Los jóvenes y las mujeres de los territorios que sufren violencias, tensiones, disputa de intereses que muchas veces terminan en homicidios, en hechos de guerra, cuenten con un espacio de transformación de conflictos”.
Se explicó que durante 2020, Bogotá fue una de las ciudades que más desplazados recibió por el conflicto armado en Colombia: 592.795 personas (desde 1985) lo que representa el 7,02% del total de víctimas de desplazamiento del país, según la Red Nacional de Información.
Acerca de conflictividad y delitos, cifras de la Policía Nacional de 2020 indican que Bogotá concentra el 20% de casos por lesiones personales, es decir, 17.245 de los 82.597 casos. O sea, uno de cada cinco delitos por lesiones personales se comenten en la ciudad.
También en 2020, uno de cada cinco delitos por amenazas, que se cometía en el país, tenía lugar en Bogotá. De los 39.740 delitos por amenazas cometidos en el país, 9.030 (22,7%) fueron en Bogotá.
Bogotá ocupó el año pasado, el cuarto lugar con más secuestros en el país: cinco de los 88 que se denunciaron. Y fue la ciudad con más delitos sexuales: 4.745 de 28.626 que se registraron, con 3812 mujeres víctimas. Así mismo ocupó el primer lugar en violencia intrafamiliar, representando el 15,8% del total de este tipo de delito a nivel nacional. De los 227.134 delitos registrados por esta causa 35.924 fueron en Bogotá.
De acuerdo con Cancino, el Proyecto plantea que la seguridad, desde un enfoque de derechos humanos, será un componente de la política de paz, reconciliación, no estigmatización y transformación de conflictos.
Esto implica que la seguridad ciudadana y la actividad policial serán objeto de la política de paz y no estigmatización, desde un enfoque de derechos humanos.
Esta norma contribuye a construir una institución de Policía que contribuya al logro de las aspiraciones de la Constitución, como lo son el libre ejercicio de los derechos y la construcción de paz.