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Domingo, Noviembre 25, 2018 - 09:01

En Colombia cada año decenas de niños quedan en la orfandad total a causa de uno de los delitos de mayor impacto en la última década: el feminicidio, un fenómeno social que aumenta cada día de manera alarmante y al que el Estado no le ha prestado el interés necesario y por lo contrario se ha mostrado inerte y la respuesta ante estos hechos no llega de manera oportuna.

En julio de 2015, se promulgó y entró en vigencia la Ley 1761, o ley Rosa Elvira Cely, la que declara el feminicidio como un delito autónomo y tipifica los asesinatos de mujeres con exacerbado odio, como un ataque que no se debe juzgar simplemente como homicidio.

A partir de esta legislatura, se creyó que el fenómeno disminuiría, pero contrario a lo que las autoridades y sociedad en general imaginaron, los hechos cada vez son mayores en número, crueldad, salvajismo y misoginia.

“Lamentablemente, en el momento de la redacción de la ley no se tuvo en cuenta a los menores de edad que cada día quedan en la orfandad debido a que muchos de los, lamentables hechos, ocurren dentro de las relaciones de pareja y son sus propios padres quienes asesinan a sus progenitoras lo que conlleva a que la madre y cuidadora por excelencia termine en el cementerio y el padre en la cárcel”, señala el comunicador e investigador social Yeiver Rivera, autor del libro Ni una más Ni una menos, la ruta al feminicidio.

El investigador afirma que, por consiguiente, estos menores quedan a expensas de la sociedad y pasan al cuidado de abuelos, tíos, primos, padrinos u otros familiares, quienes en muchas ocasiones no cuentan con los recursos económicos para su sostenimiento y tampoco pueden realizar un acompañamiento terapéutico con profesionales idóneos que les ayuden a sobrellevar la pérdida de su ser querido más importante: la madre.

“El feminicidio, en estos aspectos, contempla una doble tragedia para la sociedad. No solamente es la pérdida de una nueva mujer, que de por sí ya es un hecho doloroso y aberrante, sino el desamparo en el que quedan sumidos sus hijos, quienes al no contar con la protección del Estado, tampoco tienen asegurada una ayuda económica para continuar con su desarrollo social. Ellos se convierten en víctimas directas del delito ya que la protección de sus madres se ha perdido para el resto de sus vidas, conllevando a no tener un desarrollo familiar y social óptimo que ocasionará, muy seguramente, problemas en su entorno familiar, académico y psicosocial”, agrega.

Ninguno de los artículos de la mencionada ley contempla una ayuda social, económica, terapéutica o de restablecimiento de derechos para los menores que un día por la inoperancia de las entidades del Estado, la violencia sistemática que vivían en sus hogares y el machismo de sus progenitores, perdieron a su ser amado, quien les dio la vida y de quien nunca más podrán recibir un 'buenas noches' al ir a su cama.

“En el momento de ocurrido un feminicidio todos perdemos como sociedad. Pero los niños son los principales afectados, además de las mujeres asesinadas. Tenemos una justicia pasiva que no castiga con celeridad estos hechos y donde la mínima y casi nula capacitación que se debe brindar a jueces, fiscales, autoridades policiales, comisarias de familia y todos quienes están inmersos en la problemática, ha ahondado y redundado en el miedo que está implícito en las mujeres quienes no denuncian para encontrar así justicia y protección o cuando lo hacen se hallan con barreras de acceso a la misma por el mismo desconocimiento de los funcionarios.

Pero también están los hechos donde la mujer asesinada ha denunciado en múltiples ocasiones y las autoridades no le han creído o brindado la protección necesaria para que el continuum de violencias que han vivido cese y se evite el trágico final”, afirma el autor de la investigación.

Asimismo, la impunidad de más del 90% de los casos es otro de los problemas gravísimos, ya que se está mandando un mensaje errado en el que se señala que se puede seguir asesinando a las mujeres y nada pasará, porque la justicia es inoperante ante estos hechos. En 2017, 940 mujeres fueron asesinadas en el país y hasta agosto de 2018, según Medicina Legal, 645 mujeres fueron asesinadas en el país, en muchos de estos hechos, tipificados como feminicidios, han quedado menores de edad huérfanos.

Por ahora, Argentina es de los pocos países que ha aprobado una legislación en este sentido, la “Ley Brisa”, la que entrega una reparación mensual de 290 dólares a los menores de edad que sus padres hayan sido procesados o condenados por el asesinato del otro miembro progenitor. Esta reparación está contemplada para que sea recibida por los menores hasta los 21 años de edad o si tienen alguna discapacidad. En el momento que el procesado quede libre, la reparación económica dejará de ser adjudicada.

La "Ley Brisa" lleva este nombre como referencia a Brisa Barrionuevo, una menor de tres años de edad cuya madre fue asesinada el 20 de diciembre de 2014 por su compañero sentimental y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa.

De igual forma, en Jalisco, México, se les brinda como “víctimas indirectas”, un auxilio económico, alojamiento y atención psicológica a los hijos de las mártires de feminicidio. En Ciudad Juárez, también en México, las ayudas comprenden becas de estudio y materiales para su desarrollo académico. Asimismo, en Ciudad de México, los menores reciben becas escolares.

Sin embargo, la ayuda es mínima para el daño causado a su desarrollo familiar y social. “Ninguna beca o auxilio económico serán suficiente ni reemplazarán la falta de una madre en su vida. Los demás países están en mora de implementar este tipo de leyes que permita a los menores educarse y tener la protección de unos custodios adecuados”, dice Rivera Díaz.

Para la psicóloga clínica Adriana Beltrán, el trauma con el que crecen estos niños genera una afectación durante toda su vida. Han convivido con su madre y un día, el otro ser que decía amarlos: su padre, le quitó de tajo la compañía y amor de su progenitora, una doble tragedia.  

“Estas relaciones parentales quedan rotas por siempre ya que no solamente el autoestima y las relaciones afectivas se rompen, sino que la confianza y seguridad con la que estaba creciendo el menor se rompe por completo. Si su padre fue capaz de cometer un acto de estos, ¿qué puede esperar ese menor de las demás personas?, su creencia es que la humanidad por completo queda reducida a seres que en algún momento le querrán hacer daño”, agrega la profesional.

Para la psicóloga, los niños que pudieron estar presentes en los momentos de agresión o en el mismo hecho trágico pueden empezar a sufrir pesadillas, insomnio,  trastornos de ansiedad, irritabilidad, apatía y una serie de patologías de orden mental que en el futuro, quizás, pueden convertir a ese niño o adolescente en un ser agresivo, violento o psicopático.

“Los niños que tienen desconocimiento de lo sucedido crecen con vacíos emocionales y de inseguridad por no entender lo ocurrido en relación al notener consigo a ninguno de sus padres, son víctimas que difícilmente podrán adquirir habilidades que son directamente relacionadas con sus figuras paternas y de las cuales tendrán que hacerse cargo personas cercanas o desconocidos para ellos, en casos extremos, sin tener la posibilidad de crecer en un hogar estructurado donde se cultive el amor y el respeto.

Por ellos, se debe hacer un seguimiento permanente por parte de los profesionales para conocer el comportamiento que tiene el menor hasta lograr un pleno y eficaz restablecimiento, no solo de sus derechos, sino del trauma causado. Esto no se logra de la noche a la mañana o con una sola sesión psicológica, sino que requiere de tiempo y acompañamiento permanente por parte de la familia y los expertos”, afirma la doctora Beltrán.

Lo que sí es claro para el autor del libro, es que los niños se han convertido en personas invisibles para el Estado y la sociedad en general, quienes únicamente ven y se alarman ante el aberrante hecho del feminicidio, pero que desconocen y olvidan a las víctimas directas quienes quedan proclives a crecer en espacios no adecuados para su desarrollo.

“Todos condenamos y alzamos la voz, con justa causa, cuando un niño es abusado o violentado, pero muy pocos somos los que tenemos en cuenta a los huérfanos del feminicidio, un menor que ha vivido una doble tragedia y por eso la invitación es para que el Estado de manera urgente adopte políticas reales de ayuda y protección. Sino, ¿dónde están los derechos de los niños?, esta es también una forma de violentamiento contra estos derechos”, señala Yeiver Rivera Díaz.

Finalmente, el investigador agrega que se debe de manera urgente realizar una identificación por parte del Estado, la Fiscalía y todos los organismos encargados de velar por el cuidado y protección de los menores, para saber el número exacto de niños, niñas y adolescentes que están en este momento en orfandad por culpa de este delito y adicionar de manera urgente un artículo que sea incluido dentro de la Ley 1761 de 2015 que contemple este tipo de ayudas: económicas y terapéuticas. 

 

 

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