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Martes, Octubre 17, 2017 - 06:48

El reconocido abogado Jaime Lombana Villalba presentó denuncia en la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal en contra del senador Armando Benedetti por supuestos actos de corrupción ocurrido en Fonade, hechos en los que habría tenido la colaboración de los congresistas Bernardo ‘Ñoño’ Elías Y Musa Besaile, hoy en día en prisión por los escándalos de corrupción de Odebrecht y el Cartel de la Toga, respectivamente.

El litigante también acusa a Benedetti de acciones ilegales en la Fiduprevisora, de haber participado en una ‘vaca’ para frenar investigaciones suyas por medio del ‘Cartel de la Toga’ y además lo señala de meter un ‘mico’ en la ley  1539 de 2012, Ley  del certificado de aptitud  psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, documento que deben tramitar los vigilantes del país y que lo beneficiaría económicamente.

 

Los hechos denunciados por Lombana son los siguientes:

  1. El Senador Benedetti, junto con sus colegas Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elias, recibieron como cuota política el manejo del Fonade, cuya función legal esta definida por el acuerdo 03 DEL 2004 Y EL CONPES 3281 del 2004. Y ellos contrariando su deber como servidores públicos destinaron esos millonarios recursos del Fonade para enriquecerse ilícitamente, y le solicito a la Corte Suprema de Justicia que investigue cómo Benedetti le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su íntimo amigo el senador Musa Besaile, manejándolos a través del Fonade, consumando un delito de enriquecimiento ilícito en concurso heterogéneo con el delito de cohecho. También Benedetti se benefició de las  entregas o pagos burocráticos del Gobierno a su colega el senador Bernardo Elías y de los millonarios contratos entregados por Fonade  a los integrantes del “Cartel de la Toga” y muy probablemente ahí encontramos parte de la explicación de por qué las investigaciones contra el Senador Benedetti siguen en silencio.
  1. Dentro del mismo escenario de corrupción burocrática y contractual, denuncio hechos  que  probablemente la Corte Suprema  desconozca, en relación con Fiduprevisora y la prestación del servicio de salud del Magisterio en Córdoba y el Senador Benedetti. Desde octubre de 2015 el principal testigo del caso, abogado  Alvaro Enrique Burgos del Toro, fue capturado y relató bajo la gravedad del juramento a las autoridades “ las circunstancias en que conoció a Benedetti y los términos en los que él le exigió el pago del 20% del dinero que estaba siendo robado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba”, y que a un enviado del senador Benedetti le hizo una primera entrega de 2 mil millones “estos dineros fueron entregados al señor Jorge Peralta Nieves en las playas de Coveñas en un estadero que se denomina “La Mona”, y que el dinero fue empacado en dos cajas de cartón selladas con cinta transparente.”   Pues bien, solicito a la Corte Suprema, ahora que se ha destapado la existencia del “Cartel de la Toga” que se investigue si es cierto, que al certero testigo, abogado Burgos del Toro, los demás implicados le hicieron una colecta de 1.600 millones de pesos en efectivo, en la que participó el Senador Benedetti para callar a su principal testigo  en su contra.    
  1. Le solicito a la Corte Suprema de Justicia, ahora sin el “Cartel de la Toga”, que se investigue si Hernando Francisco Chica Zucardi renunció intempestivamente a la Presidencia de Fiduprevisora, ante unos actos de violencia moral y física, por parte de personas armadas enviadas por el senador Benedetti para exigirle el cumplimiento de sus exigencias ilegales, ante lo que Chica Zucarddi prefirió retirarse del cargo.
  1. Le solicito a la Corte Suprema de Justicia investigar si Diego Ardila, profesional honesto, quien desde su firma hacía las evaluaciones técnicas y jurídicas de la contratación de Fiduprevisora en el tema de los maestros, fue igualmente asediado por el senador Benedetti para ofrecerle dádivas si entraba en su red de corrupción, precisamente en relación con los millonarios contratos de la salud de los maestros, a lo que Ardila no accedió prefirió retirarse, y hasta la fecha ha guarda silencio. Pero en mi denuncia ofrezco información que puede ayudar a la Corte Suprema a llegar a la verdad.
  1. Denuncio penalmente ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Benedetti fue el autor de la ley  1539 de 2012, Ley  del certificado de aptitud  psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, que obliga entre otros, a cada guardia o vigilante de Colombia a contar con el mencionado examen; contrato que se realiza entre la Administradora de Riesgos Laborales con empresa especializadas que tengan licencia ISO/IS 1702:2003. Encuentro que solo dos empresas en el país tienen esa licencia, lo que les genera millonarias ganancias, en desmedro al final del salario del vigilante, pero además específicamente una de ellas, tiene estrecha relación política y económica con el senador Benedetti, como que sus accionistas y familiares son representantes a la Cámara del grupo político del senador Benedetti, y para ser mas directo, su fórmula electoral en Bogotá.  Lo que materializaría una vez mas un acto de  corrupción pública.
  1. También denuncio otros actos que en mi opinión tipifican delitos contra la administración pública, por cuanto el Gobierno le ha entregado el manejo de otras instituciones públicas de gran trascendencia como son el Fondo Nacional Del Ahorro, el SENA y más concretamente Benedetti controla la importante Dirección de capacitación de SENA con sus recursos, igualmente le nombró el liquidador de Electricaribe y por último el Gobierno Nacional le entregó nada mas ni nada menos que el Ministerio de Agricultura. 

Solicito con respeto que estos graves hechos que denuncio, sean investigados y juzgados con pronta y debida justicia.

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