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Jueves, Mayo 17, 2018 - 15:47

Ante el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigaciones ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de un convenio para venta y distribución de aguardiente, el secretario de Planeación departamental, Mario Benavides, quien fungía como gobernador encargado en la fecha, señaló que está tranquilo puesto que se tienen las pruebas suficientes para demostrar que no se cometieron irregularidades.

“Somos respetuosos de las decisiones que tomen las entidades de control y estamos en el marco de unas investigaciones que inició la Fiscalía. Si es necesario acudiremos con la tranquilidad de que se puede demostrar que no se cometió ninguna falla en el proceso”, expresó.

“Lo único que queremos es que el sistema que se encarga de esta investigación y los organismos de control actúen de manera imparcial y de conformidad a las pruebas. Que ojalá detrás de estos señalamientos no existan intereses oscuros o que tengan que ver con situaciones de tipo político”, manifestó Benavides.

El funcionario expresó que por el momento no conoce de un proceso formal por parte de la Procuraduría, pero estará atento al llamado de cualquier instancia que se requiera para acudir para responder las inquietudes de estos organismos.

“La tranquilidad es que tenemos la documentación respectiva que prueba que no se cometieron irregularidades en el marco de este procedimiento que está definido a través de una ordenanza y a través del monopolio de los licores”, aseveró.

“Dineros no se perdieron”

Benavides expresó que “es necesario aclarar que de la negociación en las 80 mil cajas de Aguardiente Nariño no se perdió un solo centavo y que haya perjudicado a las arcas del departamento, todos los recursos ingresaron. Es un tema procedimental que ha sido cuestionado por parte de la Fiscalía y ahora por parte de la Procuraduría”.

Reiteró que no conoce un llamado por parte de la Procuraduría General de la Nación y que el equipo jurídico de la Administración seccional está trabajando en enfrentar la respectiva defensa y se atenderá el llamado cuando así lo soliciten.

“Como funcionarios públicos estamos obligados a responder ante los organismos de control y con la comunidad. Cuando se hacen en el marco de estos procesos jurídicos se tiene que hacer de manera directa y efectiva, como lo vamos a hacer porque tenemos claro cuál ha sido nuestra actuación. En ningún caso hemos afectado los recursos públicos del departamento de Nariño”, aseveró.

Documentos en regla

En el ejercicio del monopolio de los licores, el cual es protegido por la Constitución del 91 en donde se plantea la venta directa de estos productos, en este caso el Aguardiente Nariño, para competir con otros licores. Por lo tanto con los mecanismos de monopolio rentístico se pueda competir de manera directa, por eso se trabajó con los procedimientos que están dados en la ordenanza, explicó.

El secretario añadió que existe la ordenanza respectiva para realizar este procedimiento y además todo el dinero de esta negociación no se perdió e ingresó a las arcas del departamento, lo cual se puede evidenciar revisando los ingresos a las cuentas de la Gobernación.

 De tal manera que se tiene la tranquilidad y como funcionarios públicos son conscientes de que están sometidos al escrutinio legal y de la opinión pública y que el deber es dar la cara ante cualquier actuación.

“No existe riesgo financiero”

Benavides manifestó que las finanzas del departamento no se vieron afectadas y los ingresos crecieron.

Señala que un informe que realiza la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda hasta junio de 2017, documento que es público y que se puede acceder de manera directa, concluye rotundamente que las finanzas del departamento se han manejado responsablemente y vienen creciendo de manera sostenible. Asimismo no existe un riesgo financiero para el departamento.

Añadió que está confiado en que las investigaciones se lleven a cabo en el marco de la transparencia y que se acudió a los procedimientos que están en la norma. Que no se perdió un solo peso del erario público, se continúan generando ingresos para el departamento y la situación fiscal del departamento es estable y creciendo.

 Agregó que se tiene la posibilidad de pagar los créditos que se adquirieron y de tal manera se deja en claro que en ningún momento se puso en riesgo las finanzas del departamento y se actuó de acuerdo a los procedimientos legales.

“Ahora estamos pendientes de los procesos de la Procuraduría y la Fiscalía y debemos acudir cuando se nos requiera. Seremos respetuosos de sus determinaciones, como ha sido nuestra característica”, señaló Mario Benavides.

Explicaciones de Romero

El gobernador Camilo Romero dijo que esta investigación es el mismo proceso que adelanta la Fiscalía en donde se han dado las explicaciones necesarias.

 “Por supuesto ahora se hará claridad a la Procuraduría y que la comunidad en el departamento de Nariño tenga la confianza que se trabaja con transparencia, con hechos y no con palabras”.

“Mientras nuestro gobierno se destaca ante el mundo entero por ser el único de Latinoamérica por su transparencia, nos encontramos con esta noticia. Es necesario aclarar que no se ha perdido un solo peso, lo cual es paradójico puesto que este gobierno ha sido resaltado por ser transparente”, expresó el mandatario seccional.

Añadió que son bienvenidas esta clase de investigaciones contra todos los gobiernos, que no haya interés distinto en que se conozca la verdad.

 “Nosotros estamos listos a demostrar que lo que estamos haciendo es realmente un ejercicio de gobierno abierto. Lo que se debería hacer es promover en el resto del país para que se conozcan las finanzas de las regiones”, expresó.

Antecedentes

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un convenio para la venta y distribución de aguardiente que tuvo un costo de más de 18 mil millones de pesos.

Según la investigación, dicho contrato de venta y distribución de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño fue adjudicado a la Organización de Licores de Nariño y autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016.   

Lo que reprocha la Procuraduría es que al parecer la Gobernación no esperó otras propuestas para la adjudicación del contrato de venta y tampoco verificó que “la empresa contratante consignara la totalidad de las garantías para cubrir los 18.000 millones de pesos”.

Dicha investigación también cobija a Mario Fernando Benavides, en su calidad de gobernador encargado para la fecha en que ocurrieron los hechos, y Adriana Milena Amaya, como subsecretaria de Rentas del departamento.

En octubre del año pasado la Fiscalía anunció una imputación por los hechos que involucrarían delitos de falsedad en documento, peculado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.

“El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de Aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016”, señaló en su momento la Fiscalía a través de un comunicado.

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