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Martes, Octubre 17, 2017 - 17:12

En la medida que avanza el tiempo y en cierta forma las investigaciones sobre la masacre de campesinos en la vereda Puerto Rico, zona cercana al sitio donde fue atacada la misión de verificación de la ONU y la OEA por la policía, se desvanece la versión dada por los militares y aceptada en principio por el Presidente Santos y el ministro de Defensa.

La Defensoría del Pueblo escuchó a la comunidad y pudo pronunciarse sobre lo que verdaderamente sucedió, la presunta responsabilidad de la Policía Antinarcóticos, y prácticamente apoyó al campesinado en su clamor de justicia que en principio se dio con la sanción a algunos uniformados y el posterior retiro de todas las unidades de policía acantonados en la zona para enviarlos a otros sitios del País.

El Gobierno no se ha pronunciado sobre la responsabilidad de los militares pero los últimos acontecimientos permiten afirmar que la versión dada por la policía no era la verdadera.

Los problemas de Tumaco son múltiples pero con la firma del acuerdo de paz, se abrió la posibilidad de solucionar uno de los problemas más críticos: el de cultivos de uso ilícito. El Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera había expresado al Gobierno la intención de participar en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS- pero el gobierno comenzó los trabajos de sustitución y erradicación forzosa, sin haber firmado el acuerdo del plan lo que la comunidad ha rechazado.

La comunidad acepta y reclama el proceso de sustitución voluntaria pero no la estrategia de erradicación forzosa en su territorio. El acuerdo de paz con las Farc establece dos formas de acabar los cultivos  ilícitos: la sustitución voluntaria y la erradicación manual.

La primera opción implica lograr un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno en el que los campesinos se comprometen a destruir sus cultivos, no volver a sembrar y no involucrarse en actividades asociadas a los cultivos de uso ilícito y el Gobierno debe participar en planes de desarrollo alternativo acordando con las comunidades el camino para reemplazar sus siembras y encontrar alternativas para sobrevivir. La erradicación forzosa se da solo en el caso que las comunidades no acepten sustituir sus cultivos. En Tumaco la comunidad se acoge a la sustitución de cultivos.

A Tumaco no ha llegado la paz, lo dicen los 140 homicidios dados en lo que va del año que según la tendencia pronto superará los 147del 2016. Se dice que en su suelo hay 23.000 hectáreas cultivadas de coca. La ausencia estatal y la histórica prevalencia de la informalidad, sumadas a la existencia de grupos armados ilegales, claramente paramilitares, que después de la desmovilización de las Farc luchan por el control territorial ante la lentitud del Estado por ocupar esos espacios y no permitir su proliferación, aunada a la existencia del contrabando y la minería ilegal, son los ingredientes de una barbarie perfecta que no permite la construcción de paz en el Pacífico nariñense.

El Estado le apuesta a la sustitución de cultivos en el marco del posconflicto, hay acuerdos con 1.908 familias y 7 comunidades, pero tiene en su contra su paquidérmico accionar y la relación binacional con Estados Unidos quien le ha exigido mostrar mayores resultados en materia de objetivos de sustitución y erradicación. Ambos factores van en contravía de lo que debería ser prioritario como sí lo es construir confianza, ganarse los corazones de los tumaqueños, proteger a su población y hacerla entender que la coca no es el camino.

La política de drogas tiene como objetivo reducir las hectáreas de coca en municipios que como Tumaco tienen mucha. El acuerdo de paz es una oportunidad para los territorios cocaleros si se complementa con medidas que estén estrechamente relacionadas con la política social.

La política de drogas basada sólo en la reducción de la economía cocalera puede llegar a ser contraproducente porque mientras los territorios necesitan vías e instituciones de justicia que solucionen su problemática, el Estado responde con la erradicación forzosa. Está demostrado, en la práctica, que el Gobierno no va a solucionar el problema de los cultivos ilícitos a punta de erradicación.

La erradicación es propia de una política de prohibición que puede ser aceptada en principio por las comunidades pero si estas no consiguen sostener sus necesidades económicas, culturales y sociales, seguramente volverán a caer ante la presión de los ilegales.

El Estado debe acompañar a las comunidades, entenderlas y darles lo que requieren para no ser víctimas de los industriales de la coca, que no son nativos de la región, no son parte de ella y llegaron a generar violencia, destrucción de sus bosques nativos y matar su sistema de vida.

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