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Domingo, Febrero 11, 2018 - 12:02

El economista colombiano, profesor universitario y dirigente sindical William Gaviria Ocampo ha dado a conocer un interesante análisis de la economía nacional, en el cual, entre otras descripciones, hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Comienza su análisis expresando que Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente.

No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.

Agrega luego que también imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial, que es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.

Precisando sobre los gastos de guerra y la deuda, plantea como premisa que Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos, equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dólares. Cerca del 40% del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.

Suena paradójico, expresa el profesional universitario, que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere.

Ahora, dice, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5% porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dólares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.

Acertadamente, entonces, afirma que resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.

En la misma dimensión advierte finalmente que, para que la población aceptara el proceso de paz con las Farc, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dólares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer el fortalecimiento del agro y la industria necesarios para que haya una paz viable y duradera.

Se supone así que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda?

Respuesta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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