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Lunes, Mayo 15, 2017 - 11:50

Colombia lleva más de un año de declaratoria de emergencia carcelaria y las medidas son menos que paños de agua tibia para un mal terminal y vergonzoso ante el mundo, porque en los penales los internos sobreviven en las peores condiciones humanitarias, violándoles todos sus derechos, como se observa en los centros de reclusión del departamento de Nariño en donde el hacinamiento supera el 200 por ciento.

Es tan grave esta realidad que la Defensoría del Pueblo pide cerrar cárceles y se dictan fallos de tutela que protegen a algunos presos, mientras permanece la crisis humanitaria, porque el hacinamiento se mantiene en el 52, 53%, pero que es más impresionante ver a los presos durmiendo en los pasillos y disputándose cada espacio de los patios y hasta el aire que respiran porque se encuentra apiñados como en lata de sardina.

El tema más que polémico es angustiante porque le quedó grande al Gobierno Nacional y su Ministerio de Justicia que toma determinaciones mediáticas, cuando se necesitan soluciones estructurales. Hay 119.609 presos apretujados en una infraestructura carcelaria con capacidad para 78.418 cupos, en 316 centros.

En la cárcel de hombres en Pasto, con capacidad para 470 internos, hay 1.400 internos, es decir con una superpoblación del 300 por ciento, mientras en los penales de Ipiales, Tumaco, Túquerres y La Unión, el hacinamiento es del 50 por ciento, pero pese a esto las autoridades locales y regionales se han quedado impávidas a la espera que sea el Gobierno Nacional el que actúe.

En el caso de la cárcel de Pasto, incluida la de mujeres, cuyo sobrecupo es del 100 por ciento, ya se tiene que contemplar en la reubicación porque este penal se encuentra en una zona de expansión en donde la zona residencial la absorbió por completo. Sin embargo, el gobierno municipal señala que no está en sus manos y no tiene el presupuesto. Sabemos que esta crisis es una bomba de tiempo que va a estallar con unas consecuencias que las vamos a lamentar. Llegamos al colmo de tener a los reos con enfermedades contagiosas y terminales revueltos con toda la población carcelaria.

En los discursos de lamentos de las autoridades, en los que se rasgan las vestiduras se plantean como medidas para la solución de la crisis humanitaria estructural las ya conocidas: nuevos cupos, que los gobernadores y alcaldes asuman su obligación de atender a las personas sindicadas y dejar de enviar a tantas personas a las prisiones, que nos resultan hasta ridículas porque son puro cuento.

El Ministerio de Justicia asegura que entregará 4.080 nuevos este año, además de obras de infraestructura carcelaria que permitirán generar 2.684 cupos más, en los establecimientos de Ipiales, Buga, Girón, Ibagué, Bellavista de Medellín y Manizales.

Vamos a ver qué decisiones se toman con respecto a la de Pasto que no aguanta un preso más y que incluso en estos días de paro del Inpec los sitios de detención en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía están por colapsar a la espera de enviar a los sindicados de distintos delitos a este penal.

Y para abonar a esta situación desesperante y sin salida, existen 93.000 audiencias represadas. Según la Fiscalía, 16.000 audiencias son de imputación de cargos y otras 1.205 tienen retrasos superiores en juzgados de más de un año.

El sistema carcelario es una aversión y necesita de una restructuración y al mismo tiempo de que se hagan cambios profundos en la Justicia con una política preventiva del delito, que vaya unida a inversiones sociales en las regiones para bajar los impresionantes niveles de pobreza y desempleo, que son los principales detonantes de la inseguridad.

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