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Martes, Octubre 9, 2018 - 16:22

La universidad pública es fuente de desarrollo científico, social y económico de la nación; abarca todos los programas dentro del universo del conocimiento. El sector privado, que si bien es cierto hace un importante aporte, solo ofrece programas que tienen mercado, es decir, están sometidas a la oferta y la demanda, lo que no ocurre con la pública que tiene una verdadera vocación de servicio.

Por eso me parece descabellado que el presidente Duque anuncie el incremento del presupuesto militar en 53 por ciento, cuando es de suponerse que con la desmovilización de los grupos al margen de la ley se necesita menos pie de fuerza y menos gasto en la canasta militar. Bajo cualquier supuesto no se justifica ese gasto y, por el contrario, es desmedido cuando las universidades públicas están ad portas del colapso.

Esto es un despropósito teniendo en cuenta que la asignación presupuestal de las 32 universidades públicas está atada a lo que dice la Ley 30 de 1992, en particular su artículo 86 señala que el presupuesto de las universidades se asigna de acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor). Como este no experimenta crecimiento, sino que se ajusta a la vigencia, significa que estas instituciones se tienen que ver ‘a gatas’ para cumplir con sus compromisos.

Para ser más precisos, el incremento de la cobertura no se correlaciona con el presupuesto. Cuando se emanó la Ley 30 de 1992 las universidades estatales atendían a 200.000 estudiantes y en la actualidad son más de 600.000 con, prácticamente, la misma cobija presupuestal.

En consecuencia, se ha visto mermado el presupuesto de investigación y equipamiento, se presentan dificultades en la remuneración docente por mejoras en la titulación, los gastos en seguridad social, condiciones de igualdad para docentes ocasionales frente a los de planta.  

Para agravar este desbalance financiero surgió en la administración Santos el programa Ser Pilo Paga, que si bien benefició a algunos estudiantes, el presupuesto se desvió para las universidades privadas. Entre los años 2015 y 2018 se destinó 3.5 billones de pesos para 40.000 estudiantes favorecidos en todas las cohortes. Este año a las universidades públicas les correspondió 3.6 billones y benefició a 600.000 estudiantes. Gran desproporción con la cobertura de recursos destinados al programa santista.

Según el SUE (Sistema Universitario Estatal), las instituciones públicas tienen un déficit de 19 billones de pesos, correspondiendo 3.2 billones a funcionamiento y 15 billones a infraestructura. Pero también con la reforma tributaria de 2016, cuando se cambió el IVA del 16 al 19 por ciento, se debía destinar un punto a educación y 0.4 por ciento a educación superior, sin embargo estos recursos no llegaron.

En Colombia es 10 veces más el gasto militar que el total del presupuesto de las universidades públicas. Y el programa Ser Pilo Paga se convirtió en un completo fracaso, un desbarajuste que sólo benefició a las universidades privadas, aun así los beneficiarios hubieran optado por las universidades públicas, no se obtenía retribución. Este fue un programa populista de Juan Manuel Santos.

Ahora, la pretensión de Duque es de incrementar el presupuesto de Defensa en 3 billones adicionales con la finalidad de comprar misiles antiaéreos para propiciar una guerra entre países latinoamericanos. Es un despropósito, cuando Colombia ha dicho “no más guerra”, y, a cambio estamos pidiendo más educación gratuita, con adecuada financiación y de calidad.

Frente a este panorama es compromiso de todos los colombianos, sin distingo alguno, defender la educación pública en todos los niveles. Hoy es la universidad pública la que está al borde del abismo. Tenemos que exigir por todos los canales posibles, que el presupuesto de los misiles, en vez de matar, contribuya a educar a la juventud colombiana.

Por: Aníbal Arévalo Rosero

fundacionecosofia@gmail.com

 

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