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Domingo, Abril 14, 2019 - 21:57

Gracias al operativo desplegado por la policía, la Fiscalía y el ejército donde se capturaron varios procesados que no cumplían con sus detenciones domiciliarias o medidas de brazalete electrónico, se conoció una irregularidad detectada por la Contraloría y sobre la que se busca establecer si hubo algún detrimento patrimonial en el contrato de brazaletes y dispositivos electrónicos del 2018.

Contrato cuestionado

Todo comenzó el año pasado cuando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), adjudicó un contrato por 16.830 millones de pesos para la operación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica sobre quienes resulten privados de su libertad por la comisión de delitos.

Sin monitoreo

El 11 de diciembre del año pasado la Contraloría hizo una visita sorpresa al Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi) y encontró que por lo menos 1.429 dispositivos que aparecían activos en el sotware de control Chronos, no mostraban su ubicación en tiempo real, es decir, no servían.

Ante esta irregularidad, con la ayuda de la guardia del Inpec, se iniciaron las revisiones de los detenidos y los operativos como el desarrollado en la capital de Casanare. Todas las llamadas fueron respondidas, y los portadores de los brazaletes “indicaron que el dispositivo presentaba fallas técnicas” como la falta de batería, recalentamiento, entre otros daños por los que se encontraban apagados. El software, desde el que el Inpec monitorea estos aparatos, no mostraba las fallas.

La Contraloría volvió después al Cervi y encontró que 1.361 dispositivos seguían dañados. Sólo en un día se pagan en promedio 25 millones por brazaletes que no arrojaban ninguna ubicación.

Grave riesgo

Lo más grave es que la Contraloría detectó que había por lo menos 138 dispositivos de vigilancia que dejaron de servir entre 91 y 115 días (casi 4 meses); 230 no reportaron su ubicación por hasta tres meses; 252 hasta por dos meses; y 639 hasta por un mes. Según el director seccional de fiscalías “Este hallazgo es grave, ya que esto significa que en ese tiempo no hubo ningún tipo de vigilancia sobre los beneficiarios de esos brazaletes, por lo menos el 30 por ciento de los vigilados estuvo por varios días y hasta por meses sin ninguna vigilancia, a pesar de que la población beneficiaria de estos dispositivos en un 60 por ciento de los casos tienen condenas por delitos que afectan la seguridad ciudadana como el hurto, homicidios, porte de armas, y tráfico o porte de drogas” puntualizo el funcionario.

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