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Lunes, Septiembre 25, 2017 - 17:31

Como un flagrante caso de impunidad calificaron familiares de Maribel del Socorro Grijalba Moncayo la condena que el Juzgado Penal Municipal de La Unión le impuso a Miguel Ángel Cortés Rodríguez, quien pese a aceptar los cargos por el feminicidio de la contadora pública le fue imputado homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación,  los hechos en los que perdió la vida la mujer de 37 años se presentaron la noche del 9 de mayo de 2016 en el sector conocido como Rosaflorida, del corregimiento de Cárdenas, municipio de Arboleda.

Maribel del Socorro, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa de la Institución Educativa La Estancia del municipio de San Pedro Cartago, fue encontrada sin vida en un lote abandonado.

“La víctima presentaba en el rostro varios hematomas producidos al aparecer por golpes. Además tenía heridas en sus brazos causadas, aparentemente, por el arrastre de un lado a otro”, expresaron las autoridades tras la inspección técnica del cadáver.

Las autoridades revelaron además que el homicidio se produjo, al aparecer, cuando la mujer departía con su novio Miguel Ángel Cortés, quien después de una discusión la agredió a golpes hasta causarle la muerte. A partir de ese momento se perdió todo rastro del señalado.

Fue capturado

En noviembre de 2016 la Policía Metropolitana de Pasto logró la captura de Cortés Rodríguez en inmediaciones del barrio El Dorado, norte de la ciudad. En el procedimiento la Policía confirmó que el sindicado registraba antecedentes por secuestro simple.

Una vez capturado, se inició un largo proceso judicial durante el cual el hombre aceptó cargos por feminicidio.

“Sin embargo la audiencia condenatoria no se  pudo efectuar en tres ocasiones, dos en Pasto y una en La Unión en donde Cortés debía comparecer, pero nuevamente se aplazó pues según el Inpec no contaba con viáticos para su trasladado desde Pasto hasta La Unión en donde se cumpliría la audiencia”, indicaron familiares de la víctima.

“Dolorosa audiencia”

En medio de los reclamos de justicia y de la indignación de familiares y amigos de la fallecida, el pasado 19 de septiembre el Juzgado Penal Municipal de La Unión, en una audiencia pública, condenó a  solo 10 años y 6 meses de cárcel a Cortés Rodríguez.

“Esta fue una maniobra jurídica de un verdadero ajedrecista, dado el cambio que se le dio en segunda instancia una vez fue capturado el homicida, a quien no se sabe por qué nunca le dieron al delito cometido y aceptado por él que fue feminicidio, contemplado en la Ley 1761 del 6 de julio de 2015, más conocida como ley Rosa Elvira Cely”, expresaron familiares de la víctima.

Subrayaron que el hecho de haberse sometido a la Justicia y pactar con la Fiscalía un preacuerdo como autor material del homicidio en contra de quien era su novia, hicieron que la Fiscalía 36 de La Unión le imputara homicidio agravado tras un acuerdo firmado por las entidad acusadora, abogados de la familia y el apoderado de Cortés. La pena final se pactó desde la misma firma del preacuerdo y se mantuvo hasta la declaración de la condena que nadie en su momento objetó.

Rechazan fallo

Allegados a la víctima expresaron su rechazo hacia el fallo definitivo pues indicaron que nunca fue aplicada la ley que condena estos casos correspondiente a la 599 de 2000 en cuyo un artículo 104A hace varias precisiones.

“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición misma o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias incurrirá en prisión de 250 meses (20 años) a  500 meses (41 años): tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima (…) y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella”.

En la audiencia condenatoria celebrada en La Unión, en medio de lágrimas y con camisetas que llevaban la estampa de la contadora, una de las hermanas de Maribel del Socorro Grijalba le gritó al homicida: “no solo acabaste con la vida de mi hermana, sino con una gran profesional, una abnegada madre de dos niñas que dejaste huérfanas e hija de un padre que murió esperando justicia”.

Otro caso

Al caso de Maribel del Socorro Grijalba se suma el de los hermanos Carlos Alberto Paz López y Jhon Eduard Paz López, quienes según su padre Gabriel Paz fueron condenados en 2010 por un crimen que asegura jamás cometieron.

El hecho tuvo que ver con la muerte de Byron Santander Narváez, quien el 12 de noviembre de 2008 fue asesinado justo cuando la fiebre por las ‘pirámides’ llegó a su punto final.

Asegura Gabriel que por  una mala aplicación de la justicia tres campesinos de Buesaco, Ángel Miro Armero Urbano, Carlos Alberto Paz López y Jhon Eduard Paz López, fueron señalados por la Fiscalía como los presuntos homicidas del funcionario, sin embargo el juzgado que tenía el caso los declaró inocentes de toda culpa.

“Fue entonces cuando la Fiscalía Séptima especializada en una hábil jugada, contrario a lo que se esperaba, apeló el fallo ante el Tribual Superior del Distrito Judicial de Pasto, que con fecha 30 de abril de 2012 revocó la absolución y condenó a los tres acusados a 35 años de prisión”, indicó Paz.

“Omitieron testimonios”

Sostuvo que lo ocurrido con sus hijos es uno de los ‘falsos positivos’ judiciales más infames que se haya dado en Nariño desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal oral acusatorio, pues señaló que como se había dicho en principio los testigos del crimen fueron obligados bajo intimidación y hasta ofrecimientos económicos a declarar en contra de los tres campesinos omitiendo testimonios de otros testigos.

“Uno de esos testimonios clave que se obviaron fue el del entonces comandante de la estación de Policía de Buesaco, sargento Basante, quien como el resto señalaron que en el momento del homicidio del personero los tres campesinos estaban en sitios diferentes. Nunca se supo por qué su declaración y la de una tía, esposa y vecino de los hermanos Paz no fueron aceptadas”, precisó Paz.

Analistas se pronuncian

Según juristas consultados por DIARIO DEL SUR, la manera en que actuó la Justicia en estos dos casos evidencia graves fallas.

En el caso de la contadora Maribel del Socorro Grijalba Moncayo por no determinarlo como feminicidio, el Estado colombiano podría ser sancionado por el sistema internacional de justicia en derechos por la firma de nuestro país dentro de un convenio internacional que tipifica este delito en los códigos penales de 31 estados, incluyendo México y en Colombia.

“En estos tratados internacionales para acreditar del delito de feminicidio se debe aplicar la Justicia con todo el rigor, de lo contrario quien incumpla podría ser sancionado drásticamente”, sentenció el especialista David Peña Rodríguez.

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