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Viernes, Octubre 6, 2017 - 14:45

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos priorizó desde hace 4 años su labor con las comunidades del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, Nariño. De forma permanente trabajamos en el territorio. Con gran preocupación conocimos ayer que murieron violentamente entre 5 y 8 personas, y otras 15 más resultaron heridas, en hechos que condenamos y sobre los cuáles no hay una información clara.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en esta región del país ha acompañado y  mediado para resolver la alta tensión generada entre la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación de los mismos. Reiteradamente hemos explicado sobre los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas. En abril, de este año facilitamos la entrega de varios policías retenidos que se encontraban en labores de erradicación. También participamos y acompañamos de forma activa la suscripción de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos firmados por el Gobierno con campesinos y afrocolombianos. Trabajamos además en la articulación interinstitucional en la agenda de protección del Consejo Comunitario de acuerdo con la Corte Constitucional.

 

En el Alto Mira y Frontera hemos evidenciado durante este tiempo:

 ·       Presencia limitada del Estado

·       Altos niveles de pobreza multidimensional

·       Presencia de economías ilícitas

·       Índices de violencia a niveles endémicos

·       Falta de implementación integral del Acuerdo de Paz en lo relacionado con: el capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral

·       Amenazas a líderes y lideresas que apoyan la sustitución de cultivos

·       Problemas en la reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil

·       Aparición de disidencias de las FARC-EP e ingreso de otros grupos armados y/o de carteles de narcotráfico.

 

Todas estas problemáticas generan violencia contra la población, manifestada en homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento, específicamente  contra comunidades afrocolombianas y campesinas. Lamentablemente, las anteriores características evidenciadas en el Alto Mira y Frontera son similares en otros 42 municipios de Colombia.

Ante la falta de claridad  sobre los crímenes perpetrados ayer, la Oficina urge a que se investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables.

El análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil.

“En el Congreso de la República el año pasado expresé mi miedo por su país, y llamé la atención sobre la importancia y la responsabilidad del Estado, y también de la sociedad: de los empresarios, de los consumidores  y de todos los sectores de la población colombiana en la construcción de una Colombia moderna en la cual se protegiera a las personas más vulnerables que habitan las zonas rurales y están “al margen” de todo. Me refería a campesinos, afrocolombianos e indígenas como los que se encuentran atrapados en el Alto Mira y Frontera, como los que murieron ayer, y que luchan por sobrevivir, que quieren sustituir cultivos pero que necesitan una oportunidad. Esa oportunidad la pueden dar el Estado, los gobiernos locales, los empresarios y los consumidores que con sus decisiones pueden cambiar las dinámicas ilícitas y permitir a estas personas ser incluidas en la economía, en la política, en la salud y en todas las garantías de derechos a las que merecen aspirar, en particular a no vivir la repetición de la violencia en su contra”, dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 La Oficina invita al Estado colombiano y a la sociedad a hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar de forma urgente e inmediata el Acuerdo de Paz, articulando la actuación de las diversas instituciones gubernamentales y civiles para desarrollar, con prioridad en las zonas más críticas:

·       Programas efectivos de reforma rural integral construidos con las comunidades

·       Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

·       Acciones de prevención, garantía y protección de los derechos humanos de la población que habita en los municipios con mayor riesgo

·       Inclusión política, económica y social de las comunidades rurales

 

 La Oficina expresa sus condolencias a la población nariñense y a los familiares y amigos de las víctimas e informa que continuará trabajando en el  acompañamiento, monitoreo y análisis de los hechos ocurridos en el Alto Mira y Frontera.

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