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Sábado, Junio 10, 2017 - 11:02

La Corte Constitucional le dio a los ministerios de Trabajo, Hacienda y a Colpensiones un plazo máximo de seis meses para que tapen una de las venas rotas del sistema pensional en Colombia: los aportes no pagados, a lo largo de décadas, por miles de empresas y empleadores.

Esa cuenta pendiente va hoy en 622.791 millones de pesos, y la capacidad del Estado para recuperarla ha sido precaria hasta ahora. La consecuencia de ello es que, en miles de casos, colombianos que llegan a la edad de pensión se encuentran con que no tienen las semanas suficientes de cotización, aunque llevan mucho más de 20 años trabajando.

En el mismo plazo de seis meses, Colpensiones tendrá que corregir todas las historias laborales reportadas con errores, un problema que afrontan hoy día 27.499 colombianos en edad de pensión y que se convierte en una talanquera a la hora de reclamar su derecho.

De esos casi 623.000 millones, $ 95.810 corresponden a deudas anteriores a 1993 (cuando se produjo la reforma pensional más grande en la historia del país). Es dinero que nunca cobró el liquidado Instituto de Seguros Sociales (ISS) desde 1967 y recuperarlo, dice Colpensiones, es “extremadamente difícil”. Esto porque sobre la mayoría de los empleadores de la época hay datos erróneos o desactualizados, o porque las empresas simplemente ya no existen. De hecho, de ese paquete, el Estado ha identificado a 1.800 empleadores y ha gestionado el cobro con 507 de ellos, pero solo ha obtenido respuesta de 16.

Entre deudores de 1993 hacia acá, cuyas obligaciones pendientes están por el orden de 518.000 millones, la recuperación del dinero pendiente ha sido mayor, pero aun así no llega a la décima parte del total. Desde diciembre del 2015 se ha logrado, por medio de cobros coactivos, que las empresas se pongan al día con 41.057 millones de pesos.

Las alertas están contenidas en la última evaluación hecha por la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de Colpensiones a un fallo del 2015 en el que declaró que esa entidad había superado “el estado inconstitucional de las cosas” en el sistema de jubilaciones. Aunque desde el 2015 el mismo tribunal reconoció los esfuerzos de la entidad y del Estado para tratar de superar las graves violaciones a los derechos de los colombianos a tener una pensión, advierte que en el sistema de información pensional siguen existiendo grandes lagunas que ponen en riesgo la seguridad social de millones de colombianos.

Protección al afiliado

Colpensiones, que reemplazó al ISS en el 2012, hoy administra las mesadas del 91 por ciento de pensionados del país. Tiene 1,2 millones de beneficiarios y más de 6 millones de aportantes. Desde el 2013 ha estado bajo tutela de la Corte para reducir los tiempos de respuesta a los que reclaman pensión y para actualizar sus registros, especialmente los heredados del ISS.

Pero sus sistemas siguen siendo, en concepto de entidades como la Contraloría General, “poco confiables”. Así, en un reporte enviado a la Corte, ese organismo señaló: “El sistema de información de la entidad no es confiable, generando incertidumbre acerca de la completitud de la historia laboral de cada uno de los afiliados a Colpensiones, lo cual incide directamente cuando se solicite alguna de las prestaciones económicas a que se tiene derecho”.

Por esta situación, los magistrados tomaron una decisión de altísimo impacto: le ordenaron a Colpensiones que se encargue de asegurar, a través de los cobros coactivos, los pagos no realizados por los empleadores. Hoy, los trabajadores debían entrar en pelea con el antiguo empleador para tratar de completar sus semanas.

“Una vez el trabajador o el empleador reportan la afiliación a la entidad, esta tiene la carga de velar por el recaudo oportuno y correcto de los aportes, iniciar las acciones de cobro persuasivo o coactivo en los casos de mora, advertir al empleador y al trabajador las inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios o la falta de pago de los aportes, y trasladar al Ministerio de Trabajo la información sobre el empleador incumplido, para que este tome las medidas del caso”, dice el auto de la Corte, de 90 páginas.

Aunque Colpensiones asegura que en los casos en los que las empresas desaparecieron se les ofreció a los afiliados la posibilidad de pagar los aportes, siempre y cuando demostraran el vínculo laboral, para la Corte esa alternativa no resuelve el problema. Esto porque la mayoría de usuarios tienen baja capacidad de pago y porque por la “antigüedad de la relación y la liquidación de la empresa no tienen la posibilidad de allegar las pruebas solicitadas”.

En seis meses, los más de seis millones de cotizantes recibirán un extracto detallado de Colpensiones en el que se señalará si su historia laboral presenta inconsistencias en los aportes. Además, la entidad deberá reportar qué medidas está tomando para corregir la situación y en cuánto tiempo calcula haber resuelto el problema. Fuente El Tiempo.

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